Columna de opinión

Ya no basta con esperar la lluvia

Publicado: marzo 25, 2022
  • Esta columna fue publicada en La Tercera.

¿Qué tiene que pasar para entender que la institucionalidad hídrica del país no responde a la “nueva” normalidad? El llamado se hace en este día de concientización sobre el agua, en el décimo segundo año consecutivo de sequía, con sectores rurales y comunidades sin acceso a agua potable, con inminentes racionamientos en las ciudades más pobladas, con decretos de escasez desde Atacama hasta Aysén, y con un medible impacto sobre el medio ambiente, la economía y la seguridad alimentaria del país.

Las acciones que el gobierno asumirá en la materia en los próximos años son trascendentales. Junto con la necesaria discusión de una Política Pública en torno al agua, el establecimiento de una autoridad única que lidere la transición hídrica, y el desarrollo o fortalecimiento de instrumentos de gestión, el gobierno deberá además enfocarse en formalizar la institucionalidad a nivel de cuencas.

Particularmente en sectores urbanos, la institucionalidad del agua ha sido capaz de sobrellevar una década de sequía mediante intensas negociaciones, medidas de emergencia y otras acciones realizadas particularmente por el sector sanitario y agrícola. No obstante, la fragilidad de estos acuerdos y medidas, que dependen en gran parte de la voluntad de los intervinientes, no es una solución sostenible en condiciones que la sequía ya no será extraordinaria. En el sector rural, correspondiente a casi dos tercios del territorio nacional, los efectos prolongados de la falta de agua han golpeado con fuerza desde hace años, sin contar con el mismo respaldo técnico, financiero y mediático de sectores más densamente poblados.

Países como Australia, Israel y Sudáfrica, así como el estado de California (EE. UU.), vivieron una situación similar y reaccionaron con una discusión pública respaldada por conocimiento científico, gatillando cambios importantes en la institucionalidad. Su conclusión: resulta indispensable disponer de instituciones adecuadas y de instrumentos que permitan dar una respuesta eficiente y adaptable a la crisis climática. Su punto común: tomar las decisiones con participación, información y conocimiento a nivel de cuenca.

En el país existen avances importantes en esta línea: instancias de participación que se han llevado a cabo voluntariamente en distintas cuencas del país; avance en la elaboración de Planes Estratégicos de Gestión de Recursos Hídricos en cuencas y su incorporación en la legislación de aguas y ambiental. Además, hay progresos en la Convención Constitucional sobre la importancia de la gestión integrada de recursos hídricos con un “enfoque de cuenca”, así como la necesidad de un órgano técnico como parte de la Autoridad Nacional y otro de carácter participativo. En este punto, vemos con optimismo que se han recogido múltiples elementos de la propuesta de institucionalidad que presentamos y fue fruto del proceso de diálogo y co- construcción colectiva de Escenarios Hídricos 2030.

Las tareas para el gobierno en materia de gestión deben ir en estas líneas: acompañar o crear instancias formales de participación en las cuencas, con un debido soporte técnico y financiero, apoyando la integración de actores no debidamente representados; implementación y seguimiento de los Planes Estratégicos de Gestión de Recursos Hídricos; y desarrollar efectivos puentes de colaboración entre las comunidades, el sector público, privado y la ciencia. Todo lo anterior, sentando las bases para el establecimiento de organismos de cuenca que contribuirán a la seguridad hídrica. Algo que pareciera entender el nuevo gobierno, que ha reiterado en los primeros días de su ingreso a La Moneda la importancia del diálogo, la participación y trabajo conjunto a lo largo del territorio nacional.

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