*Esta columna fue publicada en El Mercurio – Sostenibilidad & Energía el 13 de agosto 2026
Las energías renovables entraron más rápido de lo que crecía nuestra capacidad para transportarlas o almacenarlas. Las redes no dieron abasto. El resultado en la década recién pasada fue la pérdida (o “vertimiento”) de más de 20.000 Gwh de energía limpia y barata, lo que equivale al consumo eléctrico de 800.000 hogares durante diez años. Si bien el problema se ha ido abordando —gradual y parcialmente— con la entrada del almacenamiento y nuevas obras de transmisión, la lección es clara: cuando la infraestructura llega después que la tecnología, el sistema paga la cuenta. Y esa historia podría repetirse, esta vez del lado opuesto del enchufe.
Mientras la década pasada el desafío fue conectar la generación, esta década el reto será conectar el consumo. Los hogares están empezando a electrificarse a una velocidad notable: se venden más de 400.000 aires acondicionados nuevos al año, y de acuerdo con ANAC, los vehículos enchufables alcanzaron en junio un 8% de las ventas mensuales, acumulando un 6,5% en lo que va de 2026. Cada equipo de climatización y cada auto eléctrico es una buena noticia para la descarbonización, pero también es demanda nueva sobre redes de distribución diseñadas para otra época. Si no hacemos nada, el resultado será mayor congestión que, en las redes eléctricas, se llama cortes de suministro. Algunos dirán que este no es el momento de hablar de nuevas inversiones en redes, con las cuentas de electricidad todavía al alza. Si bien es una objeción legítima, postergar estas decisiones no evita las inversiones, que tendremos que hacer igual, porque las personas seguirán electrificando sus consumos, ya que hoy las tecnologías eléctricas, incluso con las tarifas actuales, son más económicas que otras soluciones.
La Cámara Chilena de la Construcción lo dimensionó en su informe “Infraestructura para el desarrollo sostenible 2026-2035”: el segmento de distribución requerirá cerca de 4.500 millones de dólares en la próxima década, más de la mitad de ellos en expansión y construcción de redes nuevas. La cuenta ya está corriendo y si no empezamos desde ahora, en unos pocos años tendremos que hacer las inversiones en infraestructura de forma apurada, sin planificación y respondiendo con desfase a un aumento del consumo que ya habrá ocurrido. Y hacer las cosas con urgencia siempre resulta mucho más caro.
En paralelo, podemos avanzar en otras acciones: más eficiencia energética, gestión de demanda, retomar los etiquetados y estándares mínimos.
El Foro Económico Mundial, en su documento “Energy Transition Index 2025”, plantea que la transición requiere “marcos de políticas estables y adaptativos capaces de atraer inversión de largo plazo”. Yo agregaría que estas políticas deben ser, además, valientes. Es momento de abordar las regulaciones que llevamos años evitando, como la reforma a la distribución eléctrica, que opera con un marco normativo de hace cuatro décadas, y la incorporación de la medición inteligente, condición básica para gestionar una red moderna.
La primera vez, la velocidad de la transición nos sorprendió y hemos tenido que asumir los costos de los vertimientos. Esta vez, sabemos lo que viene y esa anticipación es una ventaja que no deberíamos desaprovechar. La buena noticia es que todavía estamos a tiempo de que la transición energética se note en la vida de las personas por sus beneficios y no por sus interrupciones.